ABORTO PROVOCADO: CÁNCER CON METÁSTASIS.

alfayomega.es

Entrevista con don Josep Miró i Ardèvol, Presidente de E-cristians

La organización E-cristians ha sido protagonista estos días por el efecto que ha obtenido su querella contra los abortorios de Carlos Morín. Su Presidente explica a Alfa y Omega algunos aspectos del cáncer del aborto en España

Se ha hablado mucho, estos días, del reportaje en el Daily Telegraphbritánico en 2004, y del reportaje, con cámara oculta, de la televisión pública danesa. Ha pasado desapercibido, sin embargo, que el primero se inspiró en una investigación de la policía inglesa sobre una organización que enviaba mujeres a Barcelona, y que, tras el segundo, el tema llegó hasta el Parlamento danés. Mientras, en España, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona no tomaba medidas y la Administración sólo imponía sanciones administrativas. Esto fue lo que empujó a la organización católica E-cristiansa presentar una querella, por primera vez en su historia, explica don Josep Miró i Ardèvol, su Presidente. A los delitos de aborto se añadía el de asociación ilícita, por el montaje necesario para que la red funcionara; y también se acusaba a la Administración sanitaria de negligencia, algo que creen que «se desarrollará cuando se levante el secreto de sumario».

Miró está sorprendido por la actuación de la Justicia, y subraya que tanto la juez como la fiscal son mujeres. Todo lo sucedido «debería ser un punto de inflexión», porque «está documentado que no es el único caso». Pero el problema es que el aborto es un cáncer «con metástasis; todos los partidos están comprometidos». Es más -asegura-, «la propia Administración incentiva el aborto». Miró cree que la baja tasa de abortos en los centros públicos se debe no tanto a la objeción de conciencia, como a que «tienen instrucciones de que se mande a las mujeres a las clínicas privadas, a menos que estén dentro de los supuestos despenalizados»; es decir, se manda a las mujeres a los centros privados a sabiendas de que esos abortos son ilegales.

La otra cara del fomento de abortos ilegales es su financiación, a través de convenios con las clínicas y de otros sistemas, como la Fundación catalana Salut i familia, que, según Miró, recibe de la Generalidad subvenciones de hasta 600.000 euros, que utiliza entre otras cosas para financiar abortos. Una contribución que permite que, como ha publicado estos días La Gaceta de los negocios, las empresas de Morín hayan facturado unos cuatro millones y medio de euros al año. El Presidente de E-cristians está convencido de que la enorme cantidad de centros abortistas de España no se podría mantener sólo con abortos legales, como con el hecho de que, después del reportaje en la televisión danesa, Morín se asustara y dejara de practicar los abortos más tardíos durante unos meses. Volvió a ellos «porque sus ingresos bajaron mucho».

Fraude y asesinatos de bebés completamente viables se ven con total naturalidad, como atestigua el hecho de que uno de los responsables de la ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo) explicara en público, en un encuentro de centros abortistas en Roma, por qué se realizan abortos ilegales en España. Su interpretación era que, si realmente se quisieran evitar, la Administración ya habría actuado.

Carlos Morín contempla cómo la Guardia Civil

registra uno de sus centros de exterminio

Lo que se ha sabido estos días -y que se sabía ya- es tan estremecedor que exige de forma automática hacer algo. Por su experiencia en este campo, Miró siente bastante recelo ante las campañas públicas que invitan a la gente a presentar denuncias ante un hecho; pues, aunque la «buena voluntad por sí sola tiene valor, no sirve» para tener una influencia real en la vida pública: «No acostumbran a funcionar, e inmunizan a los jueces». En el caso concreto de su querella contra Ginemedex, por ejemplo, los Jueces se la pasaban unos a otros con la excusa de que en otros Juzgados ya había denuncias presentadas. Tardaron medio año en conseguir que un juzgado la aceptara.

Dentro de esta estrategia de no hacer esfuerzos inútiles, la asociación de Miró no se plantea iniciar otros procesos contra abortorios, pues quieren centrarse en que el ya existente «vaya bien, y se amplíe a la Administración». Esto, sin embargo, no le impide recordar que, mientras, queda abierto otro frente para las organizaciones de laicos: «Pedir una reglamentación legislativa clara y concreta». No es la situación ideal, pero «las alcachofas se comen de hoja en hoja». También invita a los interesados a reforzar con su labor a organizaciones ya constituidas, en vez de actuar individualmente.

María Martínez López

Más frentes

Se está tramitando otra denuncia contra los abortorios de Carlos Morín, presentada, casi a la vez que la de E-cristians, por el Centro Jurídico Tomás Moro en el Juzgado número 3 de Barcelona. Su Presidente, don Javier Pérez Roldán, espera que los datos aportados por ellos se incluyan en la querella de aquéllos. Pérez está convencido de que es un punto de inflexión, pues, «hasta ahora, nunca ha habido ganas de perseguir el aborto, y la gente no se atreve a declarar. Ahora será más creíble de cara a los jueces». En Madrid, hay otro proceso abierto (bastante paralizado de momento) contra la clínica Isadora, por tirar los cadáveres de fetos abortados a la basura. Javier Pérez explica que, «normalmente, acompañan a los abortos otras muchas irregularidades». Por ejemplo, en los últimos tiempos se están acumulando, sobre todo en Estados Unidos, las denuncias contra promotores del aborto por encubrir abusos de menores (se está investigando también en el caso de Rosita, la niña nicaragüense utilizada para promover el aborto hace años) o diversos tipos de fraude administrativo.