Las Autonomías serán responsables de aplicar el grueso de las ayudas a la mujer incluidas en la reforma de la ley del aborto, que ha anunciado el Gobierno. ¿Qué se puede esperar de ellas? Medio año antes de volver a la Moncloa, el PP accedió al gobierno de la mayoría de autonomías. Las entidades provida reconocen que ahora encuentran más puertas abiertas e interlocutores sensibles, pero queda por ver en qué se concreta eso
«Ahora, por lo menos, no nos han cerrado
las puertas. Pero no sabemos cómo se va
a traducir eso, o si es autobombo»
Doña Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, compareció ayer ante la Comisión de Sanidad del Congreso. Al cierre de esta edición -antes de su comparecencia-, se esperaba que diera más detalles sobre las ayudas a la mujer que se incluirán en la reforma de la ley del aborto. En cualquier caso, el cambio de ley, anunciado por el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 25 de enero, «es un paso adelante extraordinario, que tendrá consecuencias muy positivas para las madres embarazadas -pronostica don Antonio Torres, Presidente de la Fundación RedMadre-. Todos esos pasos que pretende dar el Gobierno, si se concretan en lo que todos esperamos, contribuirán a que llegue ese día deseado por todos en que no haya ningún aborto en España».
Con mayoría absoluta en el Congreso y el gobierno de 11 Comunidades Autónomas -tal vez 12 tras las elecciones andaluzas de marzo-, «el PP tiene una oportunidad histórica», añade. Muchos españoles les «votaron en las últimas elecciones con la esperanza puesta en que tengan el valor y la inteligencia de revertir la dramática situación que viven las madres españolas, lo cual forma parte de sus compromisos electorales. No bastan las medias tintas». Las Comunidades son clave, porque les corresponderá «desarrollar, entre otros, los artículos referidos a apoyar a las mujeres que se puedan ver en esa situación, y tratar de ayudarlas para que puedan optar por otras decisiones»; explica don Antonio, citando unas declaraciones de la ministra Mato, la semana pasada.
Pero, ¿qué han hecho hasta ahora? Hace 8 meses, el PP llegó al poder en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. «La mayoría de nuestras Delegaciones en ellas han iniciado conversaciones con las distintas Administraciones. Esperamos que lleguen a buen puerto lo antes posible, y se concreten en medidas eficaces». Encontrar interlocutores receptivos es un buen comienzo. Antes del cambio de Gobierno en Aragón -explica la Presidenta de RedMadre en esa Comunidad, doña Gemma Gasanz-, «los políticos ni nos recibían; era como si no existiéramos. Ahora, al menos, son receptivos, no nos han cerrado las puertas. Pero no sabemos en qué se va a traducir eso, o si simplemente es autobombo». No ha ocurrido lo mismo en Extremadura, donde el PP gobierna en minoría. La legislatura pasada, «el PP defendió la Iniciativa Legislativa Popular de RedMadre», rechazada por PSOE e IU, que pedía una ley de protección de la maternidad. «Ahora que gobierna -lamenta doña Pilar Javato, Presidenta de RedMadre en Extremadura-, el PP ni ha atendido a la petición de reunirnos, ni hay ley, ni hemos visto ninguna medida» para reducir el aborto.
Es mucho lo que está en manos de las Comunidades Autónomas en la cuestión del aborto. De entrada -explica don Santiago Mata, autor del libro De Isadora a Bibiana (editorial Sekotia)-, «tienen todas las competencias en Sanidad»: certificación y control de los centros abortistas, firma de convenios con ellos, elaboración de los sobres informativos que se dan a las mujeres que quieren abortar, tramitación de los abortos y, desde la entrada en vigor de la nueva ley, su financiación con dinero público. Antes, esto sólo lo hacían Andalucía y Cataluña.
Lo pagamos todos
Por eso, es mucho lo que se les puede pedir: «En primer lugar -enumera don Antonio-, en tanto se termina por derogar» la actual ley, «que se deje de financiar a las empresas implicadas en el negocio del aborto; que exista un mayor control sanitario y fiscal de la labor que realizan las clínicas privadas», y que se compruebe que la mujer recibe toda la información y no sufre presiones. También que aumenten las ayudas e informen sobre ellas en Servicios Sociales, centros de salud, farmacias, institutos...
En un período de crisis y recortes sociales, resulta especialmente sangrante la millonada que cuesta el aborto a las arcas públicas. Desde la entrada en vigor de la nueva ley en 2010, los abortos que se realicen en centros privados -el 98% en 2010- se deberán pagar con dinero público. Sin embargo, como matiza don Santiago, «las Autonomías no pagan nada: lo pagamos los ciudadanos. Tomando como realista el precio» al que paga los abortos Andalucía «-350 euros cada ejecución-, si para 2011 se declararan los mismos abortos que en 2010 (113.031), habríamos pagado por ellos 40 millones de euros». Y otros tantos el año anterior.
¿Que gritan? Pues que griten
Se debe comprobar que la mujer
recibe toda la información y no
sufre presiones. También se deben
aumentar las ayudas e informar
sobre ellas
A finales del año pasado, el nuevo Gobierno de Baleares retiró de sus presupuestos para 2012 una partida de 540.000 euros destinada a pagar abortos en tres centros privados. Después de algunas semanas de confusión y polémica, la decisión quedó en intentar promover que los abortos se realicen en centros públicos, y, cuando eso no sea posible, derivar a las mujeres a negocios privados, y luego reembolsarles el dinero. «Es decir -concluye doña Rosalía Cortés, de Baleares Vida-, que, en realidad, no ha pasado nada. El Gobierno autonómico nos ha dicho mucho que van a hacer cosas, pero no está haciendo nada. Llevan ocho meses, y no han parado ningún aborto. El PP tiene mucho miedo a lo que va a decir la izquierda. ¿Que se plantan cuatro en la puerta de la Consejería a gritar? Pues que griten...»
Sin embargo, don Vicente Morro, Vicepresidente del Foro Valenciano de la Familia, valora positivamente que los abortos se hagan en la sanidad pública; algo que -predice- también va a intentar el Gobierno de Valencia. Sería «un primer paso», si se consigue controlar «el fraude de ley generalizado» de los negocios privados. Eso sí, «sin perder de vista que el objetivo debe ser llegar a cero abortos».
El señor Mata no es tan optimista, sobre todo a la vista de lo que ha hecho el PP en las Autonomías donde lleva varias legislaturas gobernando. «Aunque existan seis Comunidades del PP que han aprobado -nunca a iniciativa propia, sino tras una Iniciativa Legislativa Popular- leyes de apoyo a las embarazadas, son meros guiños a la afición». El dinero invertido en esto «seguramente no llega, en el mejor de los casos, ni al 10% del invertido directamente en abortos».
Por ejemplo, Castilla y León es una de las Comunidades donde la ley de protección a la maternidad está funcionando bien. Allí, «RedMadre recibió, en 2011, 71.000 euros, frente a los 1,1 millones con los que se pagaban los abortos» -explica don Santiago-. A un precio bastante más alto, por cierto, que los 350 euros de andalucía: 550 euros en León, y 640 en Valladolid. Además, «ninguna Comunidad ha inspeccionado nunca a ninguna clínica abortista», a pesar de las constantes denuncias de irregularidades. Como se ve, queda mucho por hacer.
María Martínez López
Un primer paso
El plan del PP para reformar la ley del aborto se ha ido desvelando -aunque aún queda mucho por concretar- desde el 25 de enero. En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro don Alberto Ruiz-Gallardón habló sólo de acabar con el aborto de las menores sin consentimiento paterno, y de un retorno al contenido de la Sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional. Este fin de semana, ampliaba la información al diarioABC: «El concebido será titular de derechos, y sólo se podrá interrumpir el embarazo cuando la colisión de esos derechos con otros distintos no constituya una conducta penal».
Don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia, da «por supuesto que se va a derogar la ley. La de 2010 es tan negativa que sólo puede ser derogada» y sustituida por otra que proteja tanto al no nacido como a la mujer, afirmó, el pasado viernes, en la cadena COPE.
La plataforma Derecho a Vivir también valora positivamente que, «por primera vez en los últimos 50 años, la legislación sobre el aborto sea frenada y revertida en alguna medida». Sin embargo, han lanzado una campaña para reclamar que se llegue al Aborto Cero.
En el caso de que, como prevé don Benigno, se vuelva a una ley como la de 1985, que prohíba el aborto pero en algunos casos no lo castigue, el señor Blanco «pediría que se introduzcan mecanismos serios y comprobables» para «evitar el inmenso fraude de ley que hubo entre 1985 y 2010». CONCAPA pide también un replanteamiento de la información y educación sexual.
Luces y sombras en Valencia
La asociación Baleares Vida quiere, para las islas, una ley de protección de la maternidad como la que aprobó la Comunidad Valenciana en 2009, incluyendo las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular autonómica RedMadre. Lo pidieron en la concentración que tuvo lugar, el pasado 25 de enero, en Palma de Mallorca. Sin embargo, desde Valencia matizan que «su desarrollo está siendo muy lento» y muchas de las medidas nunca han funcionado a pleno rendimiento. Por ejemplo, aunque esperan que se solucione, los presupuestos para 2012 «no recogen partida alguna» para ayudas, explica don Vicente Morro, Vicepresidente del Foro Valenciano de la Familia.
A pesar de todo, considera que la Generalidad dio un pionero paso al frente, que «ha servido de modelo». Dos leyes autonómicas mencionan ya el «derecho a la vida en formación» desde la concepción; y la Administración cuenta como hijo al no nacido en algunos casos, como, por ejemplo, para solicitar plaza para sus hermanos en el colegio. Muy distinto es el caso de Murcia, cuya ILP se aprobó también en 2009, pero no se ha hecho nada para aplicarla.
Don Vicente Morro considera que, en estos avances, ha sido importante la labor «valiente y comprometida» del entonces Consejero de Bienestar Social, don Juan Cotino. «Atreverse a ser diferente en este terreno, y a manifestarlo, no es poca cosa. El problema es que un hombre, aunque cuente con un equipo fantástico y entregado, no hace la Administración. Hay inercias, resistencias, costumbres burocráticas difíciles de vencer». Por esto, opinan que se debería haber confiado más en el trabajo, eficaz y más barato, de la iniciativa social. La crisis económica -añade- es una buena oportunidad para replantearse
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