El presidente de Hazte Oír y de la plataforma pro vida Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, ha valorado brevemente el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, aprobado este viernes en Consejo de Ministros. En declaraciones a ZENIT, Arsuaga ha afirmado tajantemente que "esta no es la ley que queremos". “Cualquier mujer que quiera abortar va a poder seguir abortando”, ha asegurado. Y es que “va a seguir existiendo el coladero del riesgo para la salud psíquica de la madre”.
Preguntado por las declaraciones realizadas por la Iglesia estos días, Arsuaga ha señalado que "suscribo tanto lo que dijo el secretario general como el presidente de la Conferencia Episcopal". “El cardenal Rouco decía que esta ley mejora la anterior, porque parte de un principio ético distinto, y así es”, ha aclarado. Además, “el marco conceptual de esta ley, empezando por su título, plantea la cuestión del aborto en sus justos términos. Es decir, cómo ayudar a la mujer a ser madre y, al mismo tiempo, cómo defender el derecho a la vida de los seres humanos que todavía no han nacido y tienen derecho a vivir”. Y por eso, ha enfatizado, “entre las malas, es menos mala que la anterior”.
Aun así, el presidente de Derecho a Vivir ha destacado que “esta ley no es la ley que queremos. No es la mejor ley posible. No es una ley buena. Es una ley que permite acabar con la vida de determinados seres humanos que todavía no han nacido”. Por lo tanto, ha insistido, “no es una ley buena. Es una ley mala. Objetivamente mala”.
Además, desde el punto de vista práctico, “en cuanto a la reducción del número de abortos, creemos que no se va a apreciar una mejora sustancial con respecto a la legislación actual”, ha lamentado. En su opinión, “va a seguir existiendo el coladero del riesgo para la salud psíquica de la madre”. Y, que por lo tanto, “cualquier mujer que quiera abortar va a poder seguir abortando”, ha asegurado.
En este sentido, Arsuaga ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy que “introduzca algunas mejoras” en este proyecto. “La que me parece más importante –ha apuntado– es la de hacer desaparecer el supuesto del riesgo para la saludad psíquica de la madre”. “Así se terminaría con el coladero”, ha enfatizado.
Pero si el Gobierno no quisiera adoptar esa medida, el presidente de Derecho a Vivir ha propuesto que “los médicos que emitan los certificados sean de la Seguridad Social y también que se sustituya el concepto jurídico de riesgo para la salud psíquica por algo que un facultativo si va ha poder valorar, es decir, la existencia de una enfermedad mental diagnosticada”. De esta manera, “el Gobierno tiene la posibilidad de acabar con ese coladero y mejorar el texto propuesto”, ha concluido.
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