Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda (www.educatioservanda.org), propietaria del colegio Juan Pablo II, de Alcorcón, ha explicado que su fundación va a recurrir la multa de mil euros que Cristina Cifuentes (del PP), presidenta de la región de Madrid, quiere cobrar a su director por haber escrito una carta a los padres criticando la ideología de género y las leyes regionales de privilegios LGBT.
“Vamos a recurrir la sanción primero en el camino administrativo, creemos que es importante por lo que supone de atropello a la libertad de expresión”, afirmó Corvera en el programa de TV de Intereconomía "El Gato al Agua".
Multas contra la libertad de expresión
“No estamos ante un problema de discriminación del colectivo LGTBI, estamos ante un problema de la negación del derecho a la libertad de expresión, de opinar distinto y de criticar una ley con la que no estamos de acuerdo”, resalta Corvera.
“Es una ley que amordaza a las personas que pensemos de manera distinta, que tengamos una concepción de la sexualidad humana distinta”, ha añadido.
La carta que la administración quiere multar -es decir, sería un delito de opinión- denunciaba el dogmatismo de acusar de discriminación a quien piensa diferente y el despropósito de pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones. Por señalar eso, la administración quiere multar con mil euros al director del colegio.
Corvera recuerda que la Fiscalía no ha apreciado delito en la carta y que la inspección educativa concluyó que no vulneraba la normativa que rige los conciertos y que las familias del centro afirmaban estar “muy contentas” con la educación que recibían sus hijos.
Apoyo de la Plataforma por las Libertades
También se ha pronunciado al respecto la recién fundada Plataforma por las Libertades que agrupa a docenas de asociaciones, mostrando solidaridad con el director del colegio y ofreciendo apoyo y recursos jurídicos para recurrir la sanción.
A través de un comunicado, la plataforma denuncia que la multa LGTB de la administración de Cifuentes “vulnera de manera flagrante la libertad de expresión” y pone de relieve el carácter arbitrario del régimen sancionador de estas leyes. Esta plataforma resalta que la sanción ha sido impuesta “a pesar del criterio contrario del fiscal y de la inspección educativa de la Comunidad de Madrid”, que no vieron indicios de delito o falta.
Plataforma por las Libertades difunde un manifiesto que denuncia que las leyes LGTB impiden opinar sobre sexualidad, niegan el derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género, dificultan las investigaciones que molesten a esta ideología y atentan contra la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.
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