LAS VÍCTIMAS, EN PRECARIO, MIENTRAS BILDU Y AMAIUR RECIBEN MILLONARIAS SUBVENCIONES PÚBLICAS.

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  05 DIC 2011 | Europa Press.

  Mientras las asociaciones de víctimas del terrorismo viven en la precariedad por el recorte del gasto, los pro etarras de Bildu y Amaiur reciben elevadas sumas del Estado por los resultados electorales de mayo y noviembre.



• Las asociaciones de víctimas del terrorismo afrontan su trabajo del próximo año desde una situación de "precariedad" tras el drástico recorte de subvenciones públicas que están sufriendo como consecuencia de la crisis económica. Este hecho afectará tanto a su estructura interna como a la atención psicológica y psicosocial que ofrecen a las víctimas que aún requieren atención años después del atentado que sufrieron.
  Mientras esto sucede, Bildu, además de manejar los presupuestos de ayuntamientos como el de San Sebastián, recibió directamente del Estado 500.000 euros por sus 1.138 concejales conseguidos en las elecciones del 22 de mayo.
  Por su parte, Amaiur, la marca con la que los pro etarras se han presentado a las elecciones generales del 20 de mayo con el permiso de Gobierno han logrado tres millones de euros en subvenciones, así como el hecho de tener acceso a secretos oficiales del estado Español.
  El dinero que sostiene a los colectivos de víctimas del terrorismo procede fundamentalmente de las instituciones públicas, que conceden subvenciones a sus actividades través de proyectos concretos. Sin embargo, la cuantía de estas subvenciones ha ido descendiendo durante los últimos años y deja el montante con el que contarán en 2012 en cifras "insostenibles" para poder continuar con su labor.
  De hecho, Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entidad público-estatal creada en 2001 a raíz de la firma del acuerdo antiterrorista, se puso "los zapatos de pedir" la pasada semana para alertar de la situación y advirtió de que el próximo año tendrán que descender tanto las partidas de ayuda directa a las víctimas como el montante con el que la Fundación costea los proyectos de otras asociaciones de víctimas.
  Además, anunció la puesta en marcha de una novedosa iniciativa por la que la Fundación pedirá una aportación de 500 euros a 3.000 municipios españoles para poder sufragar sus gastos y a cambio pasar a formar parte de la 'Red de Municipios Amigos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo'.
  Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) --la mayoritaria en el colectivo con más de 4.000 asociados--, su presidenta, Angeles Pedraza, ha desvelado a Europa Press que los proyectos de ayuda psicológica sufrirán el próximo año un recorte de hasta el 40 por ciento. Aunque ha asegurado que para la AVT la prioridad es la atención a las víctimas y que su asociación hará todos los esfuerzos posibles para que "no queden desamparadas", ha reconocido que muchas partidas tendrán que ser recortadas hasta un 50 por ciento.
  Recorte de las comunidades
  
  
  Pedraza ha detallado que la AVT ha recibido del Ministerio del Interior una partida que supera los 200.000 euros y que no ha variado sustancialmente de la de años anteriores. Diferente suerte han corrido las subvenciones proporcionadas por las comunidades autónomas, ya que algunas han desaparecido totalmente y otras han sufrido un fuerte descenso.
  
  
  Pedraza ha ido más allá y ha contrapuesto esta situación a la de Bildu y Amaiur, que tienen acceso a cuantiosas subvenciones públicas gracias a su presencia en las instituciones. Con los resultados obtenidos del 20N, Amaiur se garantizó un total de 601.660,64 euros en subvenciones del Estado gracias a los diez parlamentarios cosechados en las Cortes Generales --siete diputados y tres senadores-- y los más de 300.000 votos recabados.
  Estos recortes los sufren también de manera especial las asociaciones autonómicas de víctimas, ya que buena parte de su presupuesto provenía de las arcas de las comunidades, que han reducido drásticamente las partidas como consecuencia de los ajustes económicos.
  Particular es el caso de la canaria ACAVITE, que representa a víctimas del Frente Polisario en los años 70 y 80 y que lleva años luchando contra el "ostracismo" al que, según denuncia, están sometidos sus asociados.
  Su presidenta, Lucía Jiménez, ha explicado a Europa Press que su único sustento proviene del Gobierno central, ya que el Ejecutivo canario nunca les ha concedido ninguna subvención mientras que "da dinero continuo" al Frente Polisario.
  Ayudas 11-M: al borde de la asfixia
  
  
  Las dos asociaciones nacidas tras los atentados del 11-M en Madrid también están sufriendo estos recortes, aunque de forma distinta debido al origen de sus ingresos. Mientras que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha perdido toda la ayuda que recibía de la Comunidad de Madrid, su única fuente de ingresos, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo mantiene las subvenciones de los gobiernos central y vasco.
  
  
  El primero de estos colectivos, además de tareas de ayuda y atención a las víctimas de los atentados de Madrid, dedica su principal esfuerzo al ámbito jurídico para lograr esclarecer todos los detalles que rodearon el 11-M.
  Las subvenciones del Ejecutivo de Esperanza Aguirre suponían su única fuente de ingresos hasta este año, cuando se ha anulado esa ayuda y la asociación se ha quedado sin financiación. La gerente portavoz del colectivo, María Lozano, ha explicado que esto llevará a reducir al mínimo los programas de la asociación y reducir su estructura interna. "Gente contratada va a quedar muy poca", ha reconocido antes de adelantado que algunos de sus trabajadores están renunciando a la indemnización que les corresponde para no agravar la situación.