Dos aspectos fundamentales de estas leyes es que son innecesarias y atentan contra el artículo 27 de la Constitución Española en el que se recoge el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, rayando así la inconstitucionalidad.
Son leyes innecesarias puesto que nuestro ordenamiento jurídico contempla, tanto en la Constitución como en el código penal, la condena por delitos de odio y discriminación por orientación sexual, raza, creencias, etc.
El capítulo XI de la ley LGTBI madrileña titulado “Medidas en el ámbito educativo” , además de ser reiterativo en derechos fundamentales ya recogidos en la Constitución, recoge actuaciones que obligan a la participación del colectivo LGTBI en la formación de nuestros hijos sin haber contado con la opinión de los padres ni de los profesionales de la educación.
Estas leyes se han elaborado sin consultar a todos los agentes afectados: los titulares de los centros, los sindicatos de profesores y, lo más grave, las familias y padres de alumnos.
El Foro vuelve a demandar, aprovechando esta oportunidad, la creación de una Secretaría de Estado de la Familia, dependiente del Ministerio de Presidencia, que impulse y coordine, asegurando así la incorporación de la perspectiva de familia, todas las actuaciones desarrolladas por cualquier Administración Pública y garantice la igualdad de trato a las familias entre las diferentes comunidades autonómicas y ayuntamientos. En esta situación, nuestros legisladores se habrían visto obligados a consultar con esta Secretaría de Estado la afectación de su propuesta de Ley a los padres y familias españoles.
Hay que considerar un tercer aspecto muy significativo y altamente preocupante: han sido aprobadas, a nivel autonómico, por todas las fuerzas políticas con posibilidad de estar presentes en las diferentes cámaras parlamentarias. Con diversos matices pero, el hecho cierto es que todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo para aprobar unas leyes que nadie les ha pedido, es decir, en la actualidad no existe partido político alguno por el que las familias españolas que quieran educar a sus hijos en materia afectivo-sexual de acuerdo a la ley natural del ser humano, puedan verse protegidas en materia tan delicada y personal como es la educación de sus hijos.
Mirando la situación con un cierto grado de optimismo, desde el Foro de la Familia, creemos que existen muchos parlamentarios que no están de acuerdo con el contenido de estas leyes. Prueba de esta afirmación es la reciente solicitud, la cuarta en menos de un año, ante el Defensor del Pueblo de un recurso de inconstitucionalidad de la ley madrileña presentada por varias asociaciones en las que se integran varios de estos políticos.
En las reiteradas y similares devoluciones del recurso por parte de la oficina del Defensor del Pueblo a los diversos solicitantes, se reconoce que cuando se produzca algún hecho de los aparentemente indicados en las leyes, será el momento de poder reconocer que estas leyes incumplen nuestra Constitución.
Con la aplicación de estas leyes, las asociaciones que representan a muchos padres y familias tendrán que esperar a que se produzca algún acoso a un centro escolar, a unos padres, a un terapeuta para que, por el proceso jurídico oportuno o el Defensor del Pueblo, ahora sí, recurra ante el Tribunal Constitucional estas leyes.
¿Quién se las ha pedido? No eran necesarias.
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