Coro - La Conferencia Episcopal de Venezuela ha expresado su preocupación por la situación de las cárceles en el país y ha exhortado a las autoridades a garantizar los derechos de los prisioneros, como establecido por la Constitución y por el Código penal. Lo ha hecho con un Comunicado publicado en la fiesta del día de la Virgen de la Mercedes, el 24 de septiembre, firmado por el arzobispo de Coro, Su Exc. Mons. Roberto Luckert, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV. Exhortamos “al gobierno a través de sus órganos competentes a cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías que asisten a los encarcelados y sus familias” se lee en el comunicado enviado a la Agencia Fides. El texto subraya: “pedimos a los funcionarios a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo”, porque en las cárceles venezolanas se están violando los derechos fundamentales de los detenidos.
En este sentido se citan el hacinamiento en las cárceles, la “falta total” de estructuras y de reglas sanitarias, “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”, el retraso en los procesos judiciales, la existencia de algunos grupos que cometen actividades delictivas dentro de las instalaciones. Además las familias de los prisioneros sufren “tratos inhumanos y degradantes”.Esta situación también ha sido señalada por la oposición política en el Parlamento, los prisioneros políticos de forma particular sufren un trato duro, con el aislamiento. El 4 de septiembre Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, ha denunciado el hacinamiento en las cárceles del país, definéndolo “inaudito”, ya que el cupo de las estructuras es superado de hasta diez veces, con más de 30.000 detenido en todo el territorio. En particular se ven involucrados los que están a la espera del proceso y cuantos esperan ser transferidos en los centros de detención y todavía están en los cuarteles de la policía o de la guardia nacional.
En este sentido se citan el hacinamiento en las cárceles, la “falta total” de estructuras y de reglas sanitarias, “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”, el retraso en los procesos judiciales, la existencia de algunos grupos que cometen actividades delictivas dentro de las instalaciones. Además las familias de los prisioneros sufren “tratos inhumanos y degradantes”.Esta situación también ha sido señalada por la oposición política en el Parlamento, los prisioneros políticos de forma particular sufren un trato duro, con el aislamiento. El 4 de septiembre Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, ha denunciado el hacinamiento en las cárceles del país, definéndolo “inaudito”, ya que el cupo de las estructuras es superado de hasta diez veces, con más de 30.000 detenido en todo el territorio. En particular se ven involucrados los que están a la espera del proceso y cuantos esperan ser transferidos en los centros de detención y todavía están en los cuarteles de la policía o de la guardia nacional.
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