Washington (Martes, 10-09-2019, Gaudium Press) Tres demandas que serán estudiadas próximamente por la Corte Suprema de Estados unidos motivaron la participación de la Iglesia y los centros educativos católicos a través de documentos conocidos como "amicus curiae" en los que un tercero presenta su opinión sobre un aspecto del tema. En particular, las instituciones solicitan a los magistrados mantener la definición de la palabra "sexo".
Corte suprema de Estados Unidos. Foto: Skeeze. |
La redefinición del término ha sido rechazada por el Congreso en varias oportunidades y las intervenciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos alertó en dos documentos que una reforma de este tipo "sería abrir las puertas a una serie de problemas, incluyendo para personas e instituciones con convicciones religiosas y morales sobre la identidad sexual y la diferencia sexual".
La interpretación del término es aplicada para determinar la implementación de la la ley federal sobre discriminación sexual en escuelas y colegios, conocida como Título IX. "Una visión distorsionada de la discriminación sexual podría aplicarse a cada actividad de una escuela o universidad que participe en cualquier programa federal", alertó Reilly. "Los acreedores, las agencias de licencias estatales y las asociaciones deportivas también adoptarían los nuevos estándares, incluso cuando se apliquen a las escuelas y colegios católicos que no reciben dinero federal".
"Para llevar a cabo su misión religiosa, las escuelas basadas en la fe deben ser capaces de contratar y retener a los empleados que estén de acuerdo con los principios de la fe y que cumplan con ellos, y que cumplan con los principios de la fe", declaró la Iglesia en sus intervenciones legales. "Pocas cosas socavan el mensaje religioso de una escuela basada en la fe tanto como el discurso o la conducta de los administradores y maestros de la escuela que contradicen, rechazan o distorsionan ese mensaje. Los niños y los adultos jóvenes difícilmente encontrarán que la fe religiosa sea atractiva o persuasiva, todo lo contrario, cuando aquellos en posiciones de autoridad contradicen la fe con la palabra o el ejemplo".
Una obligación impuesta a las escuelas católicas de retener empleados que no viven de acuerdo con el testimonio requerido por su identidad religiosa "pondrá en peligro la capacidad de la escuela para enseñar efectivamente su fe", explicaron los Obispos. "Si las instituciones católicas no pueden mantener los estándares morales para los empleados, pierden su integridad como católicos. Y además, debido a que las escuelas y universidades están específicamente dedicadas a formar jóvenes en la fe, un cambio al Título VII amenazaría su capacidad de garantizar que ningún empleado enseñe nada contrario a la doctrina católica, especialmente por el testimonio de sus comportamientos y acciones públicas fuera el salón de clases", agregó Reilly en su análisis.
"Insto a todos los católicos a rezar fervientemente por sabiduría para la Corte y un buen resultado. Mientras tanto, los educadores católicos y todas las instituciones católicas deben prepararse para tales amenazas crecientes a su integridad religiosa", indicó el Presidente de la sociedad. "Si queremos tener alguna posibilidad de preservar las instituciones verdaderamente católicas dentro de la ley, entonces debemos hacerlo con la mayor fortaleza, fidelidad, coherencia y transparencia con respecto a nuestras creencias católicas y las razones por las cuales nunca podemos comprometerlas".
Con información de Crisis Magazine.
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