El martes se consumó en el BOJA la retirada del concierto educativo a los ocho colegios andaluces de educación diferenciada. Ni en esa publicación oficial ni nunca se ha confesado la verdadera razón de ese proceder. Es porque a la Junta no le gusta la educación diferenciada. Ya está.
Dicen que vulnera el art. 14 de la Constitución, que consagra que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Da pena ver usar tan mal un artículo tan importante de la Constitución. Si la diferenciada fuese realmente discriminatoria, el Estado tendría que cerrar de oficio todos los colegios privados que la ofrecen. Pero los quieren cerrar de asfixio, tratando de ahogar la economía de las familias. Ningún tribunal de España ni internacional se tragará el argumento de la discriminación.
La educación diferenciada simplemente defiende que hay criterios pedagógicos tan válidos como los contrarios y tan contrastados y que pueden hacerla preferible. Es un modelo aceptado en los países más democráticos e igualitarios del mundo, entre otros, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, con resultados nada despreciables. A ver si la discriminación no va a ser de la diferenciada sino a la diferenciada. Por razón de opinión.
Los argumentos a favor de la educación mixta tienen su peso, también. Los dos modelos pueden coexistir perfectamente, dejando la elección en manos de los padres, que ostentan el derecho (esto es lo segundo que aquí se olvida) de educar a sus hijos, según el artículo 27 de la misma Constitución. Si los padres de una determinada zona estuviesen obligados a llevar a sus hijos a una escuela diferenciada (como sí pasa en casi toda Andalucía con la mixta, por cierto) se entendería una reacción de la Junta. Pero existiendo total libertad de elección, ¿por qué la saña?
Hay todavía un tercer fallo de concepto. El dinero público del que salen los conciertos no es de la Junta. Es de la sociedad y, más allá, de los padres que pagan los impuestos. Lean ustedes las argumentaciones de los contrarios a la educación diferenciada y detectarán de inmediato un sentido patrimonial e ideologizado del dinero público que choca.
Algo que se quiere solucionar partiendo de tres errores de bulto y de principio o de prejuicio está condenado de antemano.
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