La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto, según informa la agencia Efe.
En la sección décima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado ayer, 2 de diciembre, el juicio contra los doce presuntos miembros de la red de estafa piramidal a los que acusa la Fiscalía y otros dos contra los que sólo mantiene cargos un grupo de testigos de Jehová que ejerce la acusación particular en la causa.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.
Según mantiene el ministerio público, a partir del año 1998 los acusados construyeron una estructura de entes jurídicos que se dedicó a la “captación masiva de ahorro ajeno”, conscientes ya desde el principio de que la inversión de los capitales recibidos no iba a generar ingresos suficientes para afrontar con solvencia el pago de los intereses prometidos y eventuales devoluciones de capital.
Para el fiscal, resulta “particularmente reprochable” que los acusados se aprovecharan del hecho de compartir creencias y liturgias religiosas con sus víctimas para embaucar a más de 700 testigos de Jehová, dado que entre los responsables de la trama figuran personas que “ostentaban posiciones de dirección pastoral en sus comunidades de culto”.
La red operaba a través de las sociedades Rural New Life y Mutua Mas Vida, que justificaba su existencia con pólizas de asistencia sanitaria donde se garantizaban tratamientos médicos “no invasivos”.
Precisamente, sostiene la Fiscalía, esa oferta de asistencia sanitaria resultaba clave para captar a testigos de Jehová, dado que los fieles de esa creencia sólo aceptan determinados tratamientos médicos que, entre otras cosas, no comporten transfusiones de sangre.
En opinión del ministerio público, los imputados “diseñaron una estructura destinada a captar dinero ajeno para luego disponer libremente del mismo, sirviéndose del anzuelo consistente en el compromiso de abonar elevados rendimientos con carácter fijo”.
Los presuntos estafadores lograron de esa manera embolsarse cuantiosos fondos que les confió una multitud de pequeños ahorradores, “a quienes mantuvieron convencidos de que sus inversiones tenían garantizado un elevado rendimiento, hasta que todo se fue finalmente al garete”, añade el fiscal.
Los acusados, mantiene el ministerio público, se dedicaron a utilizar“indiscriminadamente los fondos en un sistema de caja única realizando adquisiciones inmobiliarias e inversiones mobiliarias de riesgo, mientras mantenían en la ignorancia a los inversores”.
Con las sucesivas aportaciones de los inversores posteriores, la trama cubría los rendimientos y posibles devoluciones, de modo que, según el fiscal, “la estructura defraudatoria se articuló como un típico mecanismo piramidal, el cual se mantuvo mientras funcionó”.
El escrito de acusación sostiene que el entramado financiero y mercantil creado por los acusados “constituyó un aparato encaminado el puro despojo patrimonial de aquellos ahorradores –por lo general de economía modesta–” que confiaron en la red por su promesa de elevados rendimientos fijos, que oscilaban entre el 8 y el 13 %.
Un dirigente de la secta, el protagonista
Muy pronto se constituyó la denominada Plataforma de Afectados Rural New Life y Mutua Mas Vida, una asociación española de nivel nacional que agrupa a cientos de afectados por las quiebras de la empresa Rural New Life, S.A. y la Mutua Mas Vida. Desde 2006 han ido publicando toda su documentación en un blog.
Ya en el texto de la querella que se presentó ante el Juzgado en 2006, tal como publica el blog, se leía lo siguiente:
“Esta acusación ha entendido siempre que Rural New Life, S.A. y Mutua Más Vida han sido la misma estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas, que ha podido llevarse a cabo sobre un colectivo mayoritario de Testigos de Jehová, siendo precisamente sus jerarquías las que han defraudado en su propio beneficio cantidades millonarias, sin que pueda mirarse hacia otra parte cuando la Administración autonómica y estatal consintió su constitución, le dio el visto bueno la propia Dirección de Seguros, Sección de Previsión Social (documento 6), manteniendo además de forma inexplicable a dos administradores provisionales en la quiebras de Rural New Life, S.A. (Luis Verbón Cruells) y Mutua Más Vida (Nuria Cortada Calcena), corriendo con todos los gastos la propia Generalitat, ¿Por qué?”.
Según informaba hace unos años el diario El Mundo, más de 200 familias catalanas, la mayoría de testigos de Jehová, confiaron sus ahorros a un anciano de la comunidad que les garantizó que su dinero les daría grandes rendimientos si lo invertían en la mutua Mas Vida, de donde era administrador. Según los responsables de la empresa, una mala gestión y la retirada masiva de inversiones en un momento determinado han llevado a Mas Vida a la quiebra. Según las familias afectadas, una estafa, un engaño, les ha llevado a la ruina.
La querella indica que la trama se fraguó a través de la delegación de Rural New Life en Barcelona. Su delegado, Diego L.S., se dedicó a visitar personalmente a la mayoría de inversores a los que conocía por ocupar un cargo en la congregación de testigos de Jehová en el Baix Llobregat. La querella sostiene que el imputado se benefició de “la sensibilidad” de los Testigos, que no dudaron en ningún momento de la bondad que suponían que significaban las inversiones realizadas mediante los contratos que les ofrecía.
Diego L., anciano (cargo directivo de la secta) en la comunidad de Viladecans, les convenció de las ventajas de su participación en Mas Vida, una mutua que estaba vinculada a una Fundación que preveía la construcción de hospitales sin sangre, de acuerdo con la tradición de los testigos de Jehová, entre otras obras sociales.
Además, sus ahorros podían rentar y mucho a través de inversiones mobiliarias diversificadas e indeterminadas, pero que en cualquier caso les iban a garantizar intereses de entre el ocho y el 13 por ciento, según los querellantes.
La verdad fue bien distinta. Uno de los antiguos administradores de Rural New Life, Evaristo P.S., con domicilio en Marbella, fue imputado por la Audiencia Nacional en una serie de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de dinero, y la juezTeresa Palacios acordó el embargo preventivo del dinero del que disponía para garantizar el pago de las responsabilidades. Al conocerse este extremo, muchos de los inversores temieron por su dinero y lo retiraron. La desbandada causó un grave perjuicio a la sociedad y a todo el entramado de empresas que había creado a su alrededor, que se desestabilizaron en cadena. Esta es la justificación que dan los imputados al descalabro que vivió la sociedad.
Lo cierto es que aparte de esta circunstancia, una inspección tributaria detectó numerosas anomalías contables, y la intervención de la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat las corroboraron. Al parecer, aparte de existir una caja única donde se ingresaban y salían de forma indiferente las cantidades invertidas, desaparecieron datos informáticos y contables, y algunas propiedades que formaban parte del activo fueron vendidas o hipotecadas. El dinero voló.
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