El viernes pasado el gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para la reforma energética. El decreto elimina las tarifas reguladas para las energías renovables, somete las primas al sorprendente concepto de rentabilidad razonable y se propone garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. La subida de la luz que nos espera dentro de unas semanas se nos presenta justificada por razones de justicia distributiva con el oscuro concepto de “asignación equilibrada de costes imputables”.
Los decretos que se elaboran en este ministerio están técnicamente bien hechos, no sólo porque los hacen inaccesibles a la gran mayoría de los ciudadanos, sino porque los hacen incomprensibles para cualquier líder político, sindical o vecinal que quiera proporcionar razones para oponerse a la subida de la luz. Además del galimatías normativo, el laberinto de fórmulas a los que hace referencia y la selva de disposiciones que es preciso conocer, estos decretos están llenos de un paternalismo perverso cómplice de los oligopolios que intervienen en el sector. Un paternalismo con el que se oculta un intervencionismo descarado que atenta contra las leyes básicas de la competencia y muestran un afán recaudatorio desmedido.
Fíjense que la subida del recibo no sólo se realiza para una “asignación equilibrada de costes”, “corregir desajustes”, y promover valores como la “sostenibilidad económica” y la “seguridad en el servicio”. Se realiza, sobre todo, para corregir normativas anteriores en las que aparecían expresiones tan interesantes como las de “bono social” o “déficit de tarifa” y proponer algunas tan sorprendentes como las de “potencia de respaldo” o “rentabilidad razonable”.
El interés que los ciudadanos tenemos por la transparencia también tendría que aplicarse a este sector lleno de trampas semánticas. No es un problema de pedagogía en el recibo de la luz, sino de ética pública. Las renovables no son las responsables de la falta de rumbo en el sector energético. Un sector innovador que genera puestos de trabajo, internacionalmente reconocido y que está padeciendo la falta de una política energética diseñada sin visión de estado. Seguimos padeciendo los vaivenes de una política energética errática donde la liberalización de la producción, distribución y comercialización ha sido más aparente que real; una política energética poco clara, antiecológica y costosa que no incentiva el ahorro y la sostenibilidad familiar, que penaliza el autoconsumo, que destruye puestos de trabajo y que provoca inseguridad jurídica.
Agustín DOMINGO MORATALLA
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