EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2011 HA SIDO DE 688 MILLONES, EL 0,06%
Una intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, para obtener 8.171 millones más, y un mayor control de las empresas públicas son los principales temas abordados por el Consejo de Ministros de hoy, según ha informado Soraya Sáenz de Santamaría, que también ha reconocido que el déficit de la Seguridad Social en 2011 ha sido de 688 millones, un 0,06%.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado hoy en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros adelantado al jueves por ser mañana festivo, que la Seguridad Social ha terminado el año con un déficit de 668 millones de euros, es decir, el 0,06%, cinco puntos de desviación sobre el superávit que había previsto el anterior Ejecutivo. A pesar de ello, aseguró que no habrá ningún problema para que los pensionistas reciban sus ingresos puntualmente.
Ha subrayado la necesidad de "tener presente" que el país necesita medidas extraordinarias, porque cuando la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto de déficit frente al superávit previsto, demuestra que la "realidad es más dura de lo que pensábamos".
La Seguridad Social entra así en déficit por primera vez desde 1999, cuando alcanzó un superávit del 0,18 % del PIB. En los presupuestos generales del Estado de 1998 se aprobó la separación de fuentes y la Sanidad pasó a financiarse con impuestos a partir del 1 de enero de 1999, año en que la Seguridad Social comenzó a registrar superávit.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno tiene "constancia documental" de que el gobierno anterior no suministró la cifra de desviación de déficit de la Seguridad Social, aunque ha reconocido que sí informó de que era muy difícil cumplir con el superávit del 0,4%. La vicepresidenta ha precisado que aunque el anterior gobierno sí informó de que dudaba sobre si podría cumplir con ese superávit, "nunca dijo que se iba a producir una desviación así".
Las medidas dirigidas a una mayor reducción del gasto público que se añaden a las que el Gobierno tomó la semana pasada "completa el escalón de austeridad" propuesto, ha afirmado.
Lucha contra el fraude fiscal
Para luchar contra esta situación y contra el conjunto del déficit público, Sáenz de Santamaría ha asegurado que se van a elevar en breve las directrices para elevar la recaudación del Estado en 8.171.731 millones de euros, a través, fundamentalmente, de una intensificación de la investiguación sobre el fraude fiscal, a abordar el fraude en la fase recaudatoria y, además,aumentando la colaboración con las comunidades autónomas. Igualmente, también ha asegurado que se van a establecer mecanismos para facilitar el pago gracias a la información faclitada por antiguos paraisos fiscales y con los que se han firmado acuerdos de colaboración, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas Holandesas. De la misma manera, se quieren alcanzar nuevos convenios de doble imposición y en contra de paraísos fiscales.
Otro de los elementos del plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria". La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador, ha concretado la vicepresidenta. De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.
Este cálculo se desprende del futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.
La vicepresidenta ha incidido en una mayor colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y la lucha contra la economía sumergida con herramientas como una mayor labor presencial de inspección así como con la información aportada por datos como el consumo de energía eléctrica o el tráfico de tarjetas de crédito, datos que pueden indicar un desfase entre lo declarado y la realidad.
Limitación de la cantidad a pagar en efectivo
Otra de las medidas que se estudian es la limitación de las cantidades que se permiten pagar en efectivo, es decir, en dinero constante y sonante. La iniciativa de limitar el efectivo en determinadas transacciones para limitar el uso de dinero negro tiene como una de sus fuentes de inspiración en la legislación que aplican países como Francia, ha explicado.
Empresas públicas
Otro de los temas que se han abordado en el Consejo de Ministros ha sido el de las empresas públicas y su volumen. En este sentido, se ha pedido a cada responsable de área un informe, este mismo mes, de la situación de cada organismo públcio para tener información de sus cuentas, su personal, sus altos directivos... "con el objetivo de poder hacer una valoración para decidir su mantenimiento, su posible fusión o integración con otras, su traspaso o su enajenación", ha asegurado Sáenz de Santamaría.
Paralelamente, el Gobierno ha convocado en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público.
La vicepresidenta ha asegurado que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir.
"Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit", ha señalado.
Sáenz de Santamaría ha indicado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el informe aprobado en 2010, cuyo objetivo era eliminar 515 entidades públicas o altos cargos, ya que sólo se han suprimido 69. También ha recordado que el Gobierno respeta la potestad que tienen las autonomías sobre las empresas públicas y entidades dependientes de sus gobiernos, pero ha insistido en que "todas ellas son muy conscientes de la necesidad de un proceso de reestructuración".
En este sentido, ha añadido que desde 2004 a 2009 se ha incrementado en un 50 % el número de entidades públicas.
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