El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en el Congreso detalles de la reforma de la Ley del Aborto sin que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las conociera ni le hubiera autorizado a ello. Esta es la razón por la que la reforma de esta polémica ley se está demorando, según han confiado a LA GACETA fuentes gubernamentales.
El Partido Popular ha enfriado mucho el ánimo de los grupos provida desde que el pasado 13 de mayo –día, por cierto, de la Virgen de Fátima– sus más relevantes líderes salieron a la palestra para decir que la reforma del aborto era cualquier cosa menos inminente. María Dolores de Cospedal tomaba la palabra para decir que “no hay ni siquiera una idea de lo que va a ser el proyecto” de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Ministerio de Justicia. “No se ha puesto a debate, ni siquiera internamente”, subrayaba. El mismo día, el presidente del Gobierno lo confirmaba: la reforma del aborto “aún está debatiéndose”. Aún peor, Rajoy aseguraba que cuando el Partido llegue a una conclusión la dará a conocer a los medios.
Marcando distancias
¿Un debate? ¿Una conclusión? ¿No era ya cosa decidida? Hace ya nueve meses que Alberto Ruiz-Gallardón anunció la reforma. Pero parece que ni el Gobierno ni el Partido están en la línea del ambicioso titular de Justicia.
Al compás del enfriamiento en la cúpula, otros personajes secundarios del Partido han roto a marcar distancias con el proyecto. Aunque la reforma de la Ley del Aborto era uno de los compromisos electorales del Partido Popular, en las últimas semanas se han sucedido las informaciones acerca de las divisiones internas en el Gobierno sobre este punto. Las declaraciones de Celia Villalobos y Rafael Hernando atizaron la polémica. La desvertebración ideológica del PP –en este como en otros asuntos– hizo el resto. Empezaba a dar la impresión de que Gallardón se ha quedado solo.
Naturalmente, los medios de izquierdas han aprovechado el desconcierto popular para aventar supuestos conflictos ideológicos entre los ministros. En particular se señalaba como clave del debate la propuesta de Gallardón de eliminar el supuesto de malformación del feto como causa legal de aborto. Las actitudes públicas de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, parecían avalar la tesis del conflicto ideológico. Sin embargo, las razones del patente distanciamiento presidencial sobre esta reforma son otras. No hay causas ideológicas. Hay causas estrictamente políticas. Y es que Ruiz-Gallardón se lanzó a la arena sin el consentimiento, ni siquiera conocimiento, del presidente Rajoy, al que, como es lógico, no le ha sentado nada bien el exceso de protagonismo del ambicioso ministro.
Frustración
Nueve meses, sí, hace que el ministro Gallardón anunció la reforma de la Ley del Aborto. Fue el pasado verano. En aquellas declaraciones, Gallardón aseguraba que la reforma vendría “después del otoño”. Pero ya estamos en primavera y no ha habido reforma. Entre los elementos más destacados de la reforma anunciada, Gallardón señalaba la protección de la maternidad y la supresión del aborto eugenésico. ¿Era empeño personal del ministro de Justicia? No lo parece. El 26 de septiembre, en el Congreso, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguraba que todos los miembros del Gobierno comparten la reforma en la que está trabajando el Ejecutivo sobre la Ley del Aborto de 2010: “Este Gobierno –subrayaba Mato– respeta al milímetro las decisiones del Tribunal Constitucional y todos los ministros y ministerios no somos compartimentos estancos sino que las decisiones se adoptan de forma colegiada. Además, somos solidarios, y cualquier decisión del Gobierno, independientemente de quién lleve la iniciativa, será compartida por todos sus miembros”. ¿Mentía Mato entonces? ¿Trataba de evitar que el protagonismo de Gallardón la dejara fuera de juego?
La mayor parte de las organizaciones provida recibieron la propuesta de Gallardón con una mezcla de reticencia y esperanza. Reticencia porque el proyecto dista mucho de las aspiraciones de los provida, que se sustancian en defender la vida del nasciturus por encima de todo y combatir eficazmente los numerosos abusos de las clínicas abortistas. Pero también esperanza porque, después de todo, la propuesta de Gallardón entronca con la doctrina del Constitucional que reconoce la vida del nasciturus como un bien jurídico que hay que proteger y además elimina los coladeros legales como el supuesto del “riesgo psicológico” para la madre e incluso el del peligro de malformación del feto, caso este último que, con los actuales avances científicos y médicos en la mano, ha perdido la vigencia que podía tener hace treinta años. Con todo, los provida no han dejado de expresar su malestar por las continuas dilaciones del Gobierno: desde que Gallardón hizo su primer anuncio han pasado nueve meses y la ley sigue sin ver la luz siquiera como anteproyecto. Mientras tanto, en España se siguen practicando cerca de 300 abortos al día.
En el mes de octubre aún no había reforma ni proyecto de la misma, pero Gallardón insistía: “Vamos a proteger al concebido cuando sus derechos entren en colisión con los de la madre”. El ministro criticaba la ley de plazos –la vigente en España porque “desprotege al concebido”–. Añadía que la nueva ley impulsada por el PP exigirá que las menores tengan autorización de sus padres para abortar: “Creemos que una decisión como esa, tan trascendente y tan traumática para la mujer, no debe dejarse solo en manos de una menor”, concluía. Pero la reforma sigue en el limbo.
Ambiciones
Las cosas se precipitaron, desde el punto de vista político, entre el 24 de abril y el 7 de mayo pasados, cuando el PP tuvo que responder en sede parlamentaria a varias interpelaciones socialistas sobre la cuestión, incluida una moción para blindar la ley Aído. En una de esas ocasiones, Gallardón hizo una defensa muy personal de la reforma; tan personal que esgrimió argumentos de carácter familiar –el pensamiento de su propio padre– para justificar sus planes de reformar la ley. Y parece que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Rajoy.
Pese al distanciamiento de sus compañeros de Gobierno y de Partido, Gallardón insiste. La semana recién terminada –el miércoles– contestaba a las críticas vertidas contra el PP por su falta de doctrina sobre este punto: el “cuerpo de doctrina” del PP sobre la legislación del aborto –señalaba Gallardón– nace de todas las iniciativas presentadas durante los últimos años en las Cortes Generales. “Ahí es donde está el cuerpo de doctrina y ese criterio acomodado siempre al criterio que marca el Tribunal Constitucional en las tres sentencias en las que se ha pronunciado sobre este asunto, será el que conforme la redacción de la ley”, añadía. Gallardón insistía en que la reforma se adecuará al mandato de las Naciones Unidas que prohíbe cualquier discriminación por incapacidad, lo cual incluye al aborto eugenésico. El artículo 10 de esa declaración de la ONU dice así: “Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”. España la suscribió en su día con los votos del PSOE.
A fecha de hoy, la reforma de la Ley del Aborto se ha convertido en la única baza que puede jugar Alberto Ruiz-Gallardón para mejorar su situación política de cara a la opinión pública. Porque el otro gran asunto que el ministro tiene en agenda, la reforma de la Justicia, ha terminado trayéndole más desventuras que otra cosa: una oposición sorda de todos los medios profesionales del Derecho, una incomprensión patente desde las propias filas populares y, lo que es peor, una traición palmaria a los postulados de independencia judicial que el PP siempre había abanderado.
Y esta, en fin, parece que es la situación. Alberto Ruiz-Gallardón sigue postulándose –o, más bien, dejando que le postulen– como relevo inmediato de Rajoy si la crisis económica no amaina y el Gobierno naufraga. Frente al rápido deterioro de la imagen del presidente, Gallardón aportaría su conocida proximidad a los medios de izquierda –no desmentida ni siquiera por el actual debate sobre el aborto– y ahora, además, las simpatías de los votantes de base del PP, que ven en el titular de Justicia al único ministro que se ha manifestado abiertamente provida.
Los apoyos de unos y de otros serían aval más que suficiente para aspirar al primer escalón del Ejecutivo. Pero en Moncloa no desconocen esa ambición y parecen dispuestos a torpedearla por diferentes vías. Entre ellas, enfangar el camino de la reforma del aborto. Un proyecto que, a fin de cuentas, para Gallardón no habría sido otra cosa que un peón más en su particular partida de ajedrez.
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