Cuando prosperó el recurso presentado por Miguel Roca contra la caprichosa imputación de la Infanta Cristina, el divertido dirigente comunista Gaspar Llamazares, ese hombre permanentemente alterado, hizo pública una contundente denuncia: «Se ha demostrado que los ciudadanos no somos iguales ante la Justicia». Por primera o segunda vez en su vida tuvo razón. El primero que no es ante la Justicia igual que la mayoría de los españoles es Llamazares, que lleva decenios disfrutando de su condición de aforado. Ramón Jáuregui, socialista de la cosecha del 48, ha dado en la diana al opinar que «debería reducirse el número de aforados; los protegidos se han expandido mucho». Para que un aforado deje de serlo, precisa de la autorización de otros aforados, y entre los bomberos no se pisan la manguera. Aforado es Gordillo, el que asalta supermercados, propiedades privadas, incumple sistemáticamente las leyes y se retrata orgulloso con etarras y batasunos. Lo hace porque sabe que es aforado, que hoy en España menos cuatro gatos, el aforamiento alcanza a casi todos los que se mueven por el guiñol de la vida pública. Para que un aforado pierda su condición de privilegio tiene que cometer un delito de acentuadísima gravedad. En estos momentos, como miembros del Parlamento vasco, varios etarras no arrepentidos gozan de esa caricia ante la Justicia. Políticos que cometen todos los días, con enchulada reincidencia, delitos de alta traición son aforados. Los únicos aforados que de cuando en cuando trincan para vestir a la mona de seda son los sorprendidos conduciendo con un nivel de alcoholemia superior al autorizado. En esos casos, el resto de los aforados se deja llevar por la fuerza del escándalo y conceden el suplicatorio para que caiga sobre el eventual e imprudente borrachín todo el peso de la Ley. Pero si en lugar de conducir un coche generosamente mamado, el aforado entra en un establecimiento y roba a su antojo toda suerte de productos ahí expuestos y puestos a la venta, los aforados se lavan las manos y le ríen la gracia al colega forajido. Mi pregunta nada tiene de impertinente. ¿Cuántos aforados hay en España? Propongo a los políticos autonómicos y locales, así como a los componentes de los diecisiete parlamentos territoriales que legislan actualmente en España, una nueva categoría de asesores. Los asesores aforados, es decir, los enchufados por encima de las leyes. ¿Usted a quién asesora y de qué asesora? «Yo asesoro de Expedientes de Regulación de Empleo absolutamente falsos al Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero no se le ocurra detenerme porque soy asesor aforado».
Unos ingeniosos amigos de mi juventud, tan tiesos económicamente como el que escribe, se inventaron un documento que les abrió las puertas de toda suerte de espectáculos sin tener que pasar por taquilla. Idearon un carné, con fotografía y todo, con los colores de la Bandera, número de asociado y demás seriedades documentales. En la parte superior del carné podía leerse «Asociación Nacional de Partidarios del Gobierno». Plastificado, era un carné de desmedida enjundia, y no había portero que se resistiera a su vista. Como no eran aforados, fueron detenidos por la Policía Nacional cuando intentaban colarse en el callejón de la plaza de toros de Las Ventas en la Corrida de la Beneficencia. Después de dos días de calabozo y posterior comparecencia ante el juez, recobraron la libertad no sin abonar previamente una considerable suma de dinero en concepto de sanción administrativa. Ofrezco la idea. Carné de aforados. El número 1, por su condición de aforado más veterano a Llamazares, el que acertadamente denuncia que los españoles no somos todos iguales ante la Ley.
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