El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado, por ocho votos contra tres, el recurso del Partido Popular contra la modificación del Código Civil en materia matrimonial conocida como la Ley del Matrimonio Homosexual. De momento sólo se ha dado a conocer el sentido del fallo, y se difiere dar a la publicidad el texto completo de la sentencia hasta que estén disponibles también los tres votos discrepantes, más un voto concurrente que comparte el fallo pero no todos los argumentos en que se funda.
El desconocimiento del texto íntegro nos impide entrar en consideraciones de naturaleza jurídico-constitucional, que habremos de expresar dentro de unos días, cuando sepamos cómo interpreta el Tribunal el artículo 32 de la Constitución; a qué clase de uniones presta amparo y a cuáles no, y en virtud de qué; en qué afecta al instituto jurídico del matrimonio el haber convertido en irrelevante lo que hasta ahora se llamaba el principio de heterosexualidad; cuáles serán las características esenciales que definan el matrimonio a partir de ahora y lo distingan de otras figuras más o menos afines, y otras cuestiones a las que, en buena lógica, la sentencia habría de dar respuesta cumplida y solvente si no quiere pasar a formar parte de la colección de resoluciones que han conducido a tan alta institución del Estado a la penosa situación de desprestigio en que se encuentra.
Sin embargo, y a reserva de este análisis jurídico-constitucional, el solo fallo permite hacer algunas consideraciones de naturaleza política, social y aun moral, entendido esto último en su sentido etimológico, relativo a las costumbres.
José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno con el propósito definido de hacer, él sí, España irreconocible. Hijo del pensamiento posmoderno, relativista y amparador de los restos del naufragio del totalitarismo marxista en Occidente, hizo bandera de la llamada ideología de género, anclada en una antropología destructora, y emprendió una labor legislativa que cuajó en una panoplia de leyes como las llamadas de violencia de género, de divorcio exprés, de reforma del Registro Civil (“identidad de género”), de aborto, de manipulación de embriones humanos, de Educación para la Ciudadanía y otras. Unas han fracasado, como la de violencia de género o la de Educación para la Ciudadanía; otras han tenido una incidencia práctica mínima, como la reforma del Registro Civil, y otras, como la de divorcio exprés, han convertido la institución del matrimonio en una de las más frágiles y menos protegidas por el ordenamiento.
Pero Zapatero creía estar triunfando, y a su manera lo lograba, si es que se proponía destrozar los resortes de una antigua y profunda trabazón social en España. La izquierda, refugiada en la ideología de género y los ataques a la religión, celebraba esta legislación porque le parecía progresista. Y los partidos de derecha, miopes como siempre, se limitaban a presenciar el desmantelamiento, sin decir ni hacer apenas nada, a pesar de una irritación social creciente que, por desgracia, no encontró expresión política suficiente.
La llamada Ley del Matrimonio Homosexual, cuyo recurso de inconstitucionalidad hoy ha sido rechazado, está en este lote ideológico. Si el TC es, como suele decirse, un órgano jurídico, pero también político, a nadie ha de sorprender que la mayoría de sus magistrados pongan en lugar preeminente la adecuación de sus decisiones al “discurso dominante”, que decían los viejos comunistas, pues de este modo se aseguran un mejor trato de los sectores más agresivos de esa izquierda que se considera a sí misma la encarnación del progresismo y la superioridad moral. No es un juicio temerario: existe experiencia más que suficiente de resoluciones dictadas por prejuicios ideológicos para hacer perfectamente verosímil esta interpretación, que nos parece la más realista, por más que nos duela tener que reconocerlo.
Por lo demás, el fallo del Tribunal Constitucional será recibido previsiblemente por los activistas homosexuales y la izquierda con alborozo, con críticas por parte de sectores confesionales –no sólo católicos– y con mucha indiferencia por parte de la gran mayoría de los ciudadanos. La sociedad española, después de muchos años de vivir sometida a una labor sistemática de anestesia colectiva, tiene muy pocos recursos para ser del todo consciente de lo pronunciado de la pendiente por la que nos estamos deslizando. El cuadro legislativo a que nos hemos referido y la respuesta social de encefalograma casi plano nos muestran un panorama de clara decadencia.
En un tiempo récord hemos pasado a considerar normales comportamientos que hace muy poco nos parecían aberrantes; muchos viven esperando que los poderes públicos se hagan cargo de sus vidas; hemos sustituido la prevalencia de la razón por los espasmos emocionales; y ya apenas sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. En estas condiciones, a nadie ha de sorprender que el TC haya resuelto, so capa de extender el derecho al matrimonio, desnaturalizar esta institución jurídica para convertirla en algo que a lo mejor se nos explica en la sentencia.
Bastantes grupos sociales van a estar en completo desacuerdo, pero su reacción será escaparse en lo que puedan de lo que consideran un puro disparate, aunque la Constitución lo ampare. Y continuarán manteniendo su escala de valores. Desde el punto de vista estrictamente cívico, España es ya una especie de territorio de misión.
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