ACOSO A REPSOL EN ARGENTINA
Margallo llama a consultas al embajador y advierte de que tomará medidas contra Argentina con el respaldo de Bruselas si expropia YPF, la filial de Repsol. La presidenta argentina guarda silencio y prepara un plan de desgaste contra la compañía para hundirla en Bolsa y comprarla a bajo precio
El Gobierno siguió ayer elevando el tono ante la posible nacionalización por parte del Gobierno argentino de YPF, la filial petrolera de Repsol. Ya ha hecho gestiones con sus aliados internacionales, principalmente en Europa, y ayer advirtió a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de que España no está sola y que la confirmación de su acción contra la empresa española Repsol, en tanto que propietaria mayoritaria de YPF, tendría consecuencias muy negativas y una dura respuesta, no sólo del Ejecutivo español.
«El Gobierno tomará todas las decisiones que correspondan, pero las medidas no se anuncian, se adoptan», sentenció, en uno de los tonos más tajantes que ha mostrado hasta ahora desde la tribuna del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Sobre la mesa están todas las posibilidades, y todas las variantes de sanciones económicas y de posibles vetos a las importaciones argentinas.
Aun sin tener confirmado el golpe, el Ejecutivo dio un paso más al frente ante un problema en el que venía ocupándose, con discreción, desde el pasado mes de enero. Ayer las gestiones continuaron haciéndose a todos los niveles. En ellas se incluye el reciente viaje del ministro de Industria, José Manuel Soria, a Buenos Aires. «No nos consta que Argentina haya tomado ya la decisión. Pero si la tomara, debe saber que sería muy negativa», insistió la vicepresidenta. El objetivo prioritario de ayer era demostrar que el Gobierno no se quedaba parado ni siquiera aunque todavía la nacionalización no hubiera sido formalmente confirmada.
Llamada al embajador
Y esa actividad se ha concretado en la comunidad internacional y también en las gestiones con el Gobierno argentino, la más visible ha sido la convocatoria, ayer, de su embajador en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores para que diera explicaciones de las intenciones de Kirchner.
Sáenz de Santamaría apeló a la discreción y eludió concretar si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba participando directamente de esas gestiones o si había otras altas instancias implicadas como, por ejemplo, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, de quien sí se ha dicho que, dado que esto se venía venir, ya ha hecho algún intento de intervenir en defensa de los intereses españoles.
A falta de ver un movimiento de la parte contraria, el Gobierno cree que la ofensiva diplomática, y la advertencia de que cualquier acción contra las empresas españolas será considerada un ataque directo a nuestro país, obligará a la presidenta argentina a replantearse su estrategia.
La firmeza mostrada por el Ejecutivo español no está exenta, sin embargo, de una prudencia de la que ayer hicieron gala todos sus responsables, además de la vicepresidenta. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advertía, tras reunirse con el embajador argentino, Carlos Bettini, durante 45 minutos en el Palacio de Santa Cruz, de que «cualquier acto» que viole el principio de seguridad jurídica será considerado como una agresión. Pero al mismo tiempo apostaba por el diálogo y la negociación para resolver el conflicto, ya que una hipotética ruptura de las relaciones con Argentina sería el «peor de los escenarios que se puede imaginar» entre dos países de los que destacó su «relación fraternal de mucho tiempo».
Fuentes diplomáticas españolas esperan que el mensaje lanzado por Madrid sea suficiente para hacer recapacitar al Gobierno argentino y reconducir la disputa al terreno del «sentido común», como indicó el ministro, cuya reunión con el embajador Bettini dejó una moderada satisfacción en su departamento ya que, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, consiguió su objetivo, que no era otro más que transmitir un mensaje firme por parte del Gobierno español.
No obstante, Margallo también dejó claro que Madrid se reserva adoptar las medidas que considere oportunas si Cristina Fernández insiste en sus ataques a Repsol. De hecho, además de obtener ayer el apoyo explícito de la Comisión Europea, desde Exteriores se han establecido ya contactos con los gobiernos de EE UU (cuyo peso en Latinoamérica es todavía indiscutible), México (que ostenta la presidencia del G-20) y Colombia, donde hoy y mañana se celebra la Cumbre de las Américas, en la que varios países participantes, con inversiones en Argentina, tienen intención de plantear el debate sobre la seguridad jurídica.
Margallo no detalló las medidas que podría adoptar España, pero una de ellas, como dejó entrever en Onda Cero el secretario de Estado para Europa, Íñigo Méndez de Vigo, sería que «no hubiera avances» en el pacto comercial que negocian la Unión Europea y Mercosur, aunque Bruselas asegura que ambos asuntos no están relacionados, de momento.
La firmeza de la diplomacia española
Una llamada telefónica de Mariano Rajoy a Cristina Fernández. Un embajador, Román Oyarzun, flanqueando al presidente del Repsol-YPF, Antonio Brufau. Dos gestos que el diario bonaerense «Clarín»–en absoluto sospechoso de ser «kirchnerista»– no pasa por alto al señalar que ambos muestran «un cambio radical en la manera en que los conservadores defenderán los intereses de las empresas españolas en la Argentina respecto a cómo lo hacían los socialistas». «Clarín» añade que Oyarzun ha marcado «una fuerte diferencia con la administración del ex embajador de Luis Rodríguez Zapatero (sic), Rafael Estrella, quien en su momento se presentó ante los inversionistas españoles con la frase de “yo no soy el embajador de las tarifas”». El diario argentino afirma que Oyarzun, recién llegado, se puso en el almuerzo del miércoles a disposición de los empresarios y les dijo que él estaba en este destino para defender sus intereses. Un cambio sustancial.
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