Esta polémica protagonizada por CiU supone uno de los episodios más surrealistas en su estrategia de imposición del nacionalismo. Así, la región sanitaria del Camp de Tarragona, dependiente de la Consejería de Salud comandada por Boi Ruiz, ha hecho llegar a todos los empleados de la sanidad pública un protocolo en el que les insta a hablar en catalán durante su jornada laboral. Todos los médicos deben hablar catalán entre ellos y dirigirse también en esta lengua a los pacientes. El documento aclara que el personal sanitario no actúa a título personal, sino que representa a la Generalitat, cuyas normas deben respetarse. Por eso, avisa de que todos los trabajadores deben expresarse en catalán tanto por teléfono como por megafonía, en actos públicos protocolarios e incluso entre los propios médicos durante reuniones de trabajo, especialmente cuando hay delante “terceras personas”.
A medida que el protocolo se desarrolla, aumenta el grado de presión. Se especifica que el médico “siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor”; y si en la conversación el paciente se muestra extrañado, el personal sanitario tiene que preguntarle si entiende la lengua y, aun así, debe seguir hablando en catalán aunque observe en el receptor “cierta dificultad” de comprensión. En este caso, el texto indica que se pueden “utilizar recursos no verbales y material gráfico de apoyo”. El empleado sólo puede hablar en castellano cuando sea imposible la comunicación en catalán. Aun así, “debe repetir palabras o frases en catalán para ir introduciendo la lengua en el universo del recién llegado”.
La Generalitat no olvida las nuevas situaciones que se presentan “a causa de la inmigración”, en un apartado dedicado a las lenguas no oficiales. El Gobierno de Artur Mas marca que el uso de estas lenguas debe ser “restrictivo” y “excepcional” y sólo lo permite en dos casos: cuando una persona extranjera se pone en contacto por primera vez con el sistema sanitario o si existe la posibilidad de que el paciente interprete mal un diagnóstico o el resultado de unas pruebas, porque podría poner en riesgo su salud.
Por último, el polémico protocolo también indica que en la documentación por escrito que editen y traduzcan los centros sanitarios en las lenguas no oficiales “deben limitarse al máximo porque una mayoría muy amplia de inmigrantes conoce el inglés o el francés”.
Pautas de conducta
El responsable de comunicación de la región sanitaria del Camp de Tarragona, David Ortega, contactó con este medio para aclarar que dicho protocolo es el mismo que se editó por primera vez en 2010 y que fue preparado por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat y por la técnica lingüística sanitaria. Según Ortega, la consejería de Boi Ruiz ha decidido volver a enviarlo a los centros sanitarios a modo de “recordatorio”, como unas “pautas de conducta lingüística”. En cualquier caso, las mismas fuentes insistieron en que no se trata de una normativa de obligado cumplimiento, sino de un protocolo de “recomendaciones”.
De nuevo, Mas antepone su política de adoctrinamiento nacionalista a pesar de ver cómo la sanidad es la más perjudicada por su ajustes.
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